Preparan un proyecto que propone prisión perpetua para asesinos de docentes, médicos y jueces
El objetivo es reformar el Código Penal de la Nación y se pretende fijar como agravante del homicidio la profesión de las víctimas.
La comisión de expertos que tiene como misión la presentación de un proyecto de ley para reformar y actualizar el Código Penal de la Nación estudia fijar como agravante del homicidio la profesión de las víctimas. Si prospera la idea planteada en el debate por los especialistas, matar a un docente o a un médico será considerado un agravante con una condena de prisión perpetua. Lo mismo sucedería con los homicidios en los que las víctimas fuesen jueces o fiscales.
"Lo que se resguarda es la investidura, ya sea juez, fiscal, médico o maestro por el rol trascendente que desempeñan en la sociedad. Es un tema que estamos estudiando con prudencia porque alguien puede decir que un bombero o una persona con otra profesión también son trascendentales para la comunidad", explicó a un medio nacional el presidente de esa comisión de especialistas y juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky.
Días atrás al cumplirse tres años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, su exesposa y jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, se refirió al tema. En una entrevista con radio Mitre sostuvo: "El Código Penal no contempla como agravante de homicidio en el caso de que la víctima sea un juez o fiscal con motivo de su cargo o condición. Si algún legislador está escuchando sería muy importante [incorporar esta figura] porque, con el magnicidio de Nisman, se trazó una raya".
Esta modificación ya comenzó a debatirse entre los integrantes de la comisión de expertos, que continúa trabajando durante la feria judicial. Se estima que la presentación del proyecto del nuevo Código Penal será en marzo próximo.
La comisión de especialistas fue creada por un decreto del presidente Mauricio Macri en febrero del año pasado. Además de Borinsky, está integrada por Carlos Mahiques, juez de la Cámara Nacional de Casación Penal; Patricia Llerena, integrante de un tribunal oral en lo criminal (TOC) porteño; Víctor María Vélez, de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial; Pablo López Viñals, procurador general de Salta; Guillermo Yacobucci, integrante de un TOC porteño y profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Austral; Fernando Córdoba, docente de la UBA; Patricia Ziffer, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el fiscal Pablo Turano, y Carlos González Guerra, actual director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal.
"Al día de la fecha, subsiste la necesidad de lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal, abordando las modificaciones necesarias enunciadas, con el fin último de consolidar la institucionalización, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los derechos y las garantías individuales", se sostuvo en uno de los considerandos del decreto de la creación de la comisión, que fue armada por el presidente Macri con el consejo del ministro de Justicia, Germán Garavano.